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> LA COHESIÓN SOCIAL
Norberto Bruno

Hace catorce años publicábamos en una revista de APOC, que se llamaba Eforo, un artículo de reflexión intitulado " Reforma del Estado ¿Para qué?". Allí decíamos que la reforma no podía limitarse a enajenar activos públicos para montarse en la "onda liberal", sino que el sentido, el alcance y la oportunidad de las operaciones administrativas y económicas debían estar supeditados a un objetivo superior, cual era el de convertir al Estado en una entidad que pudiera eficazmente ordenar y organizar su funcionamiento y trazar sus políticas públicas teniendo como prioridad el sostenimiento de la identidad cultural y de la cohesión social.

Algunos años después, por octubre de 1997, Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique (Francia), en el Encuentro Internacional de la Radio realizado en Santiago de Chile, observaba que ya nadie reivindicaba a la cohesión social como paradigma constitutivo de las sociedades modernas, ni siquiera la cohesión nacional, y que este paradigma estaba siendo sustituido por el mercado, que pasa a regir el conjunto de las actividades de la sociedad

La locura de esta época -caracterizada por la expansión de los fenómenos de deshumanización, individualismo a ultranza, desocialización, marginalidad, privaciones, informalidad laboral- ha llevado a una reflexión revalorizadora de la cohesión social. La pregunta crucial desde el punto de vista del bienestar material es si puede surgir y consolidarse un mercado interno vigoroso y lineal, si es posible una economía interior en fuerte y sostenido crecimiento, si es factible acceder a una producción de valor agregado demandada por los mercados mundiales, dentro de un espacio nacional que, en lugar de un campo social unificado, muestre un perceptible riesgo a la aparición de "islas" o "guetos" que prácticamente se autogobiernen.

Una sociedad está cohesionada cuando sus miembros llevan adelante una convivencia bajo ciertos valores, pautas de comportamiento e instituciones formales, que aceptan y comparten porque advierten que ellos los reconocen, los protegen de los abusos del poder y les permiten integrarse a la vida social, económica y política en un pié de igualdad. Todas esas personas admiten la legitimidad de la autoridad pública y arreglan su conducta individual y grupal a las normas y resoluciones que emanan de ellas. La idea de cohesión social remite a la integración plena de todas las personas a una sociedad comprometida con el desarrollo humano, que distribuye con justicia sus beneficios y asume el acuerdo de contribuir a eliminar cualquier forma de desigualdad que surja de falta de oportunidades, garantizando para todos un mínimo lo más alto posible. La sociedad cohesionada aparece como un espacio estructurado, organizado a partir de unos principios vitales. Allí las personas identifican su interés propio con el correcto funcionamiento del sistema social. En cambio, las formas de la exclusión y precarización laboral, según Tenti Fanfani, aportan su contribución en la generación de personalidades y comportamientos desintegrados y desintegradores. Las sociedades cohesionadas tienen una tendencia natural a la integración humana, a la vida, al crecimiento.

Un elemento fundamental de la cohesión social es la equidad. Un significado operativo del principio de equidad exigiría controlar la magnitud de las desigualdades entre las personas y los grupos en el reparto de los beneficios. La equidad, además de un imperativo categórico de la sociedad justa y un reaseguro de la democracia, de un objetivo ético, es un activo de la política económica. La teoría económica y el análisis político clásicos están acostumbrados a pensar que entre equidad y eficiencia se da una relación inversa de intercambio. La nueva teoría del crecimiento responde a este prejuicio argumentando que, para un período largo de tiempo en el que la dinámica de las variables puede hacer sentir su efecto en forma más plena, las fuerzas del progreso económico, como la inversión en cambio técnico, la innovación de la gestión empresaria y la capacitación de los trabajadores, no son independientes del nivel de los salarios. Los salarios altos inducen conductas tanto por parte de los trabajadores como de los directivos que pueden llegar a generar aumentos de la productividad, gracias a los cuales los costos más altos de los empleados pueden costearse sin recortar las ganancias. En este modelo dinámico, los salarios más altos son un estímulo para un mayor crecimiento, no al revés (Bluestone y Harrison, La prosperidad).

No es infrecuente observar a las centrales del empresariado industrial -sobre todo en situaciones críticas que comprometen la rentabilidad y supervivencia de las empresas- alegando con fuerza y razón que el activo público más importante de una nación es su mercado interno. Precisamente no se contribuye a generar, a desarrollar, un mercado interno amplio y continuo con prácticas empresariales de contratación y salariales que generalizan la informalidad y la inseguridad social. Cuando así se procede en lo que se está pensando es en la ganancia de corto plazo, en el rápido repago de las inversiones. Un extendido espíritu rentista no ayuda a consolidar ni un mercado interno ni una economía competitiva a largo plazo. Tampoco la ventaja competitiva de los productos de un país puede estar exclusiva y permanentemente basada en una combinación de dólar alto con salarios bajísimos en términos de dólares. Se le atribuye a Henry Ford el haber dicho que él debía pagar salarios altos para que sus trabajadores puedan adquirir los automóviles que salían de su fábrica. Un mercado interno no sólo se construye y defiende con barreras a la entrada de productos foráneos o con un tipo de cambio alto, o con una política comercial de apertura selectiva, sino también -y principalmente- con una demanda agregada que transforme el crecimiento potencial en producción real, con una fuerza laboral que se sienta propietaria de su trabajo, con una situación de empleo que cree ciudadanía social. Lo que se necesita es un adecentamiento en sentido amplio de las condiciones laborales para que los trabajadores y sus familias sean también actores económicos relevantes con la disposición a tomar decisiones de consumo/inversión en forma libre y sin angustias. Robert Castel, en su libro La Inseguridad Social, nos recuerda que Locke celebraba con optimismo al hombre moderno que, a través del libre desenvolvimiento de sus actividades, construye su independencia con su trabajo y se vuelve simultáneamente propietario de sí mismo y de sus bienes. Es gracias a esa propiedad que se ha vuelto libre para opinar y elegir, insobornable para obtener su voto y no intimidable por aquellos que quieren constituirse una clientela.

El círculo virtuoso tiene este recorrido: mejores salarios y mayor seguridad en el empleo permiten que las familias consuman más provocando una demanda mayor que incentiva a una mayor inversión, impulsando el crecimiento económico, generando estímulos nuevos que tienden a diversificar la base productiva de los países y promueven el cambio estructural de la economía. Lo reafirma el Presidente del BID, Enrique Iglesias, cuando dice que si no se consiguen sociedades más integradoras no se producirá una expansión de los mercados interiores y las tensiones sociales afectarán negativamente el proceso de inversión.

En la Argentina la evidencia de la inequidad es abrumadora. Ostenta el desdichado récord de ser el país de América Latina donde más aumentó la regresividad en la distribución del ingreso. En la década del 70 tenía un reparto de ingresos similar al de los países desarrollados. Mientras en 1974 el 10% más pobre de la población se llevaba el 2,8% del ingreso nacional total, en 2003 esa proporción cayó a sólo 1,2%. Y la brecha de ingresos entre el segmento más pobre y el más rico pasó de 9,5 a 37 veces en ese lapso. En este último tiempo, el aumento de la productividad y la rebaja de los costos salariales produjeron una fenomenal transferencia de ingresos desde los trabajadores industriales hacia los capitalistas del sector. En 1974, con el mismo PBI per cápita que hoy, la sociedad era otra: estaba más integrada, más esperanzada, más ilusionada con la política, más segura de su presente y de su futuro; en el imaginario colectivo, el progreso social era un sendero transitable, y los padres podían acariciar el sueño de ver a sus hijos viviendo mejor que ellos.

Refiriéndose al sentido puro de la democracia en comparación con su realidad actual, José Saramago sentencia: "Los pueblos no han elegido a sus gobiernos para que éstos los "ofrezcan" al mercado. Pero el mercado condiciona a los gobiernos para que éstos les "ofrezcan" a sus pueblos. En nuestra época de mundialización liberal, el mercado es el instrumento por excelencia del único poder digno de ese nombre, el poder económico y financiero. Este no es democrático puesto que no ha sido elegido por el pueblo, no es gestionado por el pueblo y sobre todo porque no tiene como finalidad el bienestar del pueblo" (en Le Monde Diplomatique, Agosto 2004).

Una sociedad, una política, una economía que no se afirmen en las ideas éticas de solidaridad y de responsabilidad no tendrán capacidad para abordar y resolver los graves problemas contemporáneos de disparidad, desarraigo y desposeimiento. Hace falta un reconocimiento global del hecho de que no será posible una prosperidad real y duradera a menos que los logros de nuestro ingenio y oportunidades colectivos estén difundidos por todo el conjunto de la sociedad. Hay que educar, a todo nivel, en valores. La Argentina necesita una urgente reconstrucción, recuperación o aparición de valores. Esto debe ser una campaña nacional. La Argentina está perdiendo cohesión social. Y la está perdiendo porque le cuesta encontrar consensos básicos. Y esta dificultad, a su vez, se explica por la falta de valores. Se debe asumir la educación en ética de la solidaridad y ética de la responsabilidad como asignaturas del programa de estudios de todos los niveles de instrucción. En las empresas y en los organismos públicos se deben establecer programas sistemáticos de capacitación en valores. Una sociedad grande en inclusión y justicia es posible. Pero son indispensables mayoritarios comportamientos individuales y grupales de compromiso social, de solidaridad y de responsabilidad. El gobierno tiene, además del sistema educativo, otras acciones para estimular y apoyar el surgimiento de ese estado de conciencia y el predominio de conductas socialmente significativas. Si advirtiera que la actitud social de los sectores "ganadores" de la economía fuera de mezquindad, codicia o renuencia, podría -metafóricamente hablando- abrirles el "corazón y el bolsillo" apelando a su poder regulatorio, de conciliación o de arbitraje o a su poder tributario para plasmar alguna pauta de redistribución.

La construcción de una Nación independiente requiere ante todo la voluntad común de ser independiente. Un paso firme en esta dirección es desafiar los prejuicios de la sabiduría económica convencional, esa que prescribe mantener constantemente a raya el costo laboral. Es desdeñar el camino de "desfiladero" que propone la lógica "implacable" del mercado y tomar el "camino ancho" que conduce a la meta de una sociedad de hombres libres y críticos, socialmente cohesionados, productivamente integrados y creativos y culturalmente identificados dentro de su espacio nacional.

En el final de la nota retomamos y reactualizamos la cuestión de la responsabilidad maestra del Estado, con la que la iniciamos, para darle el contenido que requiere la reproducción de un sistema social argentino sobre bases justas: recrear el espíritu de progreso, regenerar la cohesión social y recuperar la identidad cultural.





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